El 0.1 % de los multimillonarios a nivel mundial genera más emisiones de carbono que el 44 % de la población del planeta que vive en condiciones de pobreza, según un informe de Oxfam. Carlos Aguilar, coordinador de Justicia Climática de la organización para América Latina y el Caribe, explicó durante una entrevista con Aristegui en Vivo que uno de los planteamientos centrales del documento es que, aunque toda la población enfrenta hoy las consecuencias del cambio climático, la responsabilidad en la generación de emisiones no es igual entre los distintos sectores de la sociedad. De acuerdo con el especialista, la proporción equivale a unos 8 millones de multimillonarios frente a 3 mil 500 millones de personas en situación de pobreza, un dato que, a su juicio, permite establecer responsabilidades diferenciadas sobre quién debe realizar mayores esfuerzos para enfrentar la crisis.
Desastres que no son tan naturales
Otro de los ejes del informe es que los desastres asociados al cambio climático no pueden entenderse únicamente como fenómenos naturales, pues están ligados a factores económicos y sociales, entre ellos la desigualdad y la manera en que se realizan determinadas inversiones. «Los desastres no se producen de manera natural, sino que dependen de la combinación de estos factores que relacionan los eventos hidrometeorológicos con la persistencia de las desigualdades a nivel global y cómo se comporta la economía y fundamentalmente las inversiones de los multimillonarios», sostuvo Aguilar.
En ese sentido, el coordinador de Oxfam afirmó que hay personas que obtienen ganancias de la crisis climática, tanto por inversiones en industrias altamente contaminantes como por actividades relacionadas con la reconstrucción y la protección frente a los desastres. Según explicó, los mismos capitales que alimentan industrias que generan gases de efecto invernadero pueden participar también en los negocios de reconstrucción de países y comunidades afectadas, lo que describió como «un negocio redondo». Por un lado, esas inversiones contaminan y generan impactos en las poblaciones más empobrecidas y, por otro, se venden servicios y seguros para reconstruir o proteger a comunidades que no están en condiciones económicas de adquirirlos. Esta lógica, que Aguilar denominó «capitalismo del desastre», debe terminar, pues la transición hacia nuevos sistemas energéticos puede generar pobreza energética y afectaciones a los derechos humanos si no se realiza con criterios de justicia.
Qué propone Oxfam
Para la organización, el primer paso es enfrentar la desigualdad y responsabilizar a los mayores emisores a nivel global, la élite de superricos. Aguilar consideró que no debe partirse de la idea de que todas las personas contribuyen por igual al cambio climático ni tienen la misma responsabilidad frente a los objetivos internacionales para limitar el aumento de la temperatura global. Uno de los principales motivos de preocupación es el uso que los multimillonarios hacen del presupuesto global de carbono. «Esto tiene que parar», afirmó, y planteó que los Estados adopten medidas para establecer límites y mecanismos de tributación sobre el uso de ese presupuesto por parte de las personas con mayores niveles de riqueza.
Respecto de lo que espera de los gobiernos, el especialista puso como prioridad el cumplimiento de los compromisos establecidos desde el Acuerdo de París, particularmente en materia de financiamiento climático, de modo que las poblaciones más afectadas puedan desarrollar medidas de adaptación y atender las pérdidas y daños. «Los países más ricos no están cumpliendo con los acuerdos establecidos de los montos que se requiere transferir a los países que están sufriendo las peores consecuencias del cambio climático», sostuvo. A ello sumó la necesidad de reducir la exposición y vulnerabilidad de las comunidades y avanzar hacia una reconstrucción más equitativa, sobre todo de los sistemas alimentarios, que identificó como uno de los sectores más golpeados por la relación entre desigualdad y desastres climáticos.
Una transición energética con las comunidades
Aguilar subrayó que la respuesta a la crisis debe incluir el abandono de los combustibles fósiles y el avance hacia las energías renovables, pero bajo condiciones que impidan que este proceso se convierta en una nueva fuente de negocios en detrimento de las comunidades. En este proceso destacó el papel de las mujeres en el cuidado y la protección de los territorios, así como la obligación de los Estados de garantizar una participación efectiva de la ciudadanía en asuntos ambientales y de proporcionar herramientas para proteger a quienes defienden sus territorios.
En este punto mencionó el Acuerdo de Escazú, instrumento regional que establece disposiciones sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, y afirmó que, desde la perspectiva de Oxfam, los Estados de América Latina no lo están cumpliendo debidamente. También consideró necesario reforzar el trabajo con gobiernos subnacionales y municipales, por ser las autoridades más cercanas a las comunidades que enfrentan directamente los efectos de la crisis. Apuntó que alrededor de 78 millones de personas están expuestas actualmente a los efectos de las crisis climáticas en América Latina, con consecuencias como inundaciones, incendios forestales y sequías, además de problemas de alimentación y de medios de vida.
El informe de Oxfam puede consultarse en la página de Oxfam América Latina y el Caribe y en el sitio de Oxfam Internacional.